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Ley 21.526 · Liquidación judicial y verificación colectiva

Liquidación judicial y verificación colectiva (Ley 21.526)

Establece un régimen detallado de liquidación judicial, suspensión de ejecuciones, publicidad, verificación, privilegios, distribución y cierre.

Régimen: Ley 21.526

Qué regula

La liquidación judicial adopta muchas técnicas de la quiebra: frena ejecuciones, concentra reclamos, publicita el proceso, verifica créditos y distribuye bajo control judicial, pero incorpora privilegios y reglas específicas de depósitos.

Texto oficial · Ley 21.526

La liquidación judicial se realizará de acuerdo a las siguientes disposiciones y con aplicación de las normas sobre liquidación de sociedades, en lo que no queda expresamente contemplado a continuación: a) Desde la resolución de revocación de la autorización para funcionar, ningún acreedor por causa o título anterior a la revocación podrá iniciar o proseguir actos de ejecución forzada sobre los bienes de la ex entidad, salvo créditos hipotecarios, prendarios o laborales; b) La resolución que disponga la liquidación judicial tendrá la misma publicidad que la establecida por la Ley de Concursos para la declaración de quiebra, aplicándose de igual modo la publicidad y procedimiento para la insinuación y verificación de los créditos que componen el pasivo; c) El liquidador judicial determinará la totalidad de obligaciones exigibles provenientes de depósitos de sumas de dinero, estableciendo la procedencia del pago y genuinidad de los instrumentos; e) Con el orden de prelación que resulta de los apartados siguientes tendrán privilegio general para el cobro de sus acreencias por sobre todos los demás créditos, con excepción de los créditos con privilegio especial de prenda e hipoteca y los acreedores laborales del art. 53: i) los depósitos de personas físicas y/o jurídicas hasta la suma de cincuenta mil pesos ($50.000), o su equivalente en moneda extranjera; ii) los depósitos constituidos por importes mayores, por las sumas que excedan la indicada; iii) los pasivos originados en líneas comerciales otorgadas a la entidad que afecten directamente al comercio internacional; g) Concluidas las operaciones de liquidación judicial, el liquidador presentará al juez interviniente el balance final con memoria explicativa y proyecto de distribución de fondos; h) Las sumas de dinero no reclamadas por sus titulares serán depositadas en el juzgado interviniente por el plazo de un (1) año; el derecho de los acreedores prescribirá en dicho plazo; i) Distribuidos los fondos, el juez declarará finalizada la liquidación; k) Todos los juicios de contenido patrimonial iniciados o a iniciarse contra la ex entidad tramitarán ante el juez que entienda en la liquidación judicial.

Fuente: Ley 21.526 — texto oficial actualizado

Comentario

Es el artículo que más claramente exhibe la “concursalización” de la liquidación bancaria. Aunque formalmente no haya

quiebra, la necesidad de tratar a una pluralidad de acreedores sobre un patrimonio insuficiente obliga a utilizar mecanismos

universales y de concurrencia.

El privilegio de depósitos refleja una política legislativa sectorial: la igualdad concursal cede frente a la protección del ahorro y

la confianza en el sistema bancario. Como toda preferencia, su alcance no debe expandirse fuera de los supuestos legales.

Lectura conjunta con art. 53 y con arts. 239 y ss. LCQ. También interactúa con reglas de ejecución de garantías reales y créditos laborales.

Distinción clave

Liquidación judicial bancaria ≠ simple liquidación societaria: posee concentración, verificación y distribución colectivas.

Preguntas para profundizar

¿Qué rasgos convierten al art. 49 en un procedimiento materialmente concursal?
Establece un régimen detallado de liquidación judicial, suspensión de ejecuciones, publicidad, verificación, privilegios, distribución y cierre.
¿Cómo se justifica la prioridad de depositantes dentro del principio de igualdad?
Liquidación judicial bancaria ≠ simple liquidación societaria: posee concentración, verificación y distribución colectivas.
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