Procedimiento de liquidación (Ley 24.241)
Organizaba revocación, sustitución de la administradora, intervención judicial, garantías y transferencia de afiliados.
Qué regula
La autoridad de control debía revocar autorización, asumir transitoriamente la administración del fondo, pedir judicialmente la liquidación y asegurar el traspaso de cuentas.
Dentro de las 72 horas hábiles de llegado a conocimiento de la Superintendencia cualquiera de los hechos enunciados en el artículo precedente, el Superintendente deberá: a) dictar resolución revocando la autorización para operar, lo que implica la disolución por pérdida de objeto y la caducidad de todos los derechos de la administradora y de sus directores, representantes, gerentes y síndicos a administrar el fondo; b) sustituirla en la administración del fondo, designando funcionarios que transitoriamente ejercerán la administración; c) poner en conocimiento todo lo actuado al juez comercial competente, solicitando que decrete la liquidación de la administradora y la designación de un interventor liquidador, y trabe embargo sobre todos sus bienes; d) denunciar ante el juez penal si hubiere indicios de ilícito. En los cuarenta y cinco días hábiles siguientes (prorrogables por otros cuarenta y cinco), la Superintendencia continuará administrando el fondo, debiendo recomponerlo y, de no lograrlo, solicitar a la Secretaría de Hacienda que efectivice la garantía estatal. Efectivizada la garantía, se intimará a los afiliados a pasar a otra administradora en noventa días. El Estado nacional, por los aportes efectuados en virtud de la garantía efectivizada, tendrá en la liquidación de la administradora igual preferencia que los acreedores del concurso. Si la liquidación se debiera a hechos ilícitos cometidos por directivos, representantes, gerentes o síndicos, quienes lo hayan cometido o consentido responderán por las deudas de la administradora con sus bienes personales.
Fuente: Ley 24.241 — texto oficial actualizado
Comentario
La arquitectura era claramente conservativa respecto del fondo y liquidativa respecto de la administradora. Se separaba el
patrimonio propio de la sociedad gestora del patrimonio administrado en interés de afiliados.
Este esquema anticipa una idea hoy central en insolvencias reguladas: cuando una entidad administra patrimonios ajenos o
recursos sistémicamente sensibles, la continuidad del servicio puede requerir transferir la función y liquidar al operador.
Lectura histórica con arts. 71 y 73 y con la Ley 26.425, que suprimió el régimen de capitalización.
Liquidación de la administradora ≠ liquidación del ahorro previsional de los afiliados.
Preguntas para profundizar
¿Por qué el régimen privilegiaba el traspaso de cuentas sobre la continuidad de la sociedad?
¿Qué semejanzas presenta con los mecanismos de resolución bancaria?
¿Su caso involucra un régimen especial de insolvencia?
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