Juicios contra el concursado (art. 21 LCQ)
Ordena el impacto de la apertura preventiva sobre los procesos patrimoniales contra el deudor, sus excepciones, cautelares y relación con la verificación.
Qué regula el artículo 21
El artículo regula juicios contra el concursado dentro del bloque que ordena los efectos de la apertura sobre la administración, el patrimonio, los contratos y los litigios. Su lectura debe completarse con las remisiones expresas de la LCQ y con el momento procesal en que opera.
Juicios contra el concursado. La apertura del concurso produce, a partir de la publicación de edictos, la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado por causa o título anterior a su presentación, y su radicación en el juzgado del concurso. No podrán deducirse nuevas acciones con fundamento en tales causas o títulos.
Quedan excluidos de los efectos antes mencionados:
1. Los procesos de expropiación, los que se funden en las relaciones de familia y las ejecuciones de garantías reales;
2. Los procesos de conocimiento en trámite y los juicios laborales, salvo que el actor opte por suspender el procedimiento y verificar su crédito conforme lo dispuesto por los artículos 32 y concordantes;
3. Los procesos en los que el concursado sea parte de un litis consorcio pasivo necesario.
4. Los procesos de extinción de dominio. (Inciso incorporado por art. 3° del Decreto N° 62/2019 B.O. 22/1/2019. Vigencia: a partir de la fecha de su publicación)
En estos casos los juicios proseguirán ante el tribunal de su radicación originaria o ante el que resulte competente si se trata de acciones laborales nuevas. El síndico será parte necesaria en tales juicios, excepto en los que se funden en relaciones de familia, a cuyo efecto podrá otorgar poder a favor de abogados cuya regulación de honorarios estará a cargo del juez del concurso, cuando el concursado resultare condenado en costas, y se regirá por las pautas previstas en la presente ley.
En los procesos indicados en los incisos 2) y 3) no procederá el dictado de medidas cautelares. Las que se hubieren ordenado, serán levantadas por el juez del concurso, previa vista a los interesados. La sentencia que se dicte en los mismos valdrá como título verificatorio en el concurso.
En las ejecuciones de garantías reales no se admitirá el remate de la cosa gravada ni la adopción de medidas precautorias que impidan su uso por el deudor, si no se acredita haber presentado el pedido de verificación del crédito y su privilegio.
(Articulo sustituido por art. 4° de la Ley N° 26.086 B.O. 11/4/2006)
(Nota Infoleg: por art. 9° de la Ley N° 26.086 B.O. 11/4/2006 se establece la aplicación de las modificaciones introducidas por dicha ley a los juicios excluidos del presente artículo)
Fuente: Ley 24.522, art. 21 — Texto actualizado (Argentina.gob.ar)
Comentario
El artículo articula concentración concursal y subsistencia de jueces naturales en determinadas materias. Desde la publicación
de edictos, la regla es la suspensión de juicios patrimoniales por causa anterior y su radicación concursal; pero la reforma de la
Ley 26.086 amplió significativamente las excepciones: procesos de conocimiento en trámite, laborales, garantías reales,
expropiación, familia, litisconsorcio pasivo necesario y, posteriormente, extinción de dominio. Esto impide describir el
régimen actual como un fuero de atracción absoluto.
La sentencia dictada en un proceso exceptuado funciona como título verificatorio: determina la existencia y cuantía según su
ámbito, pero la incorporación al pasivo y la graduación concursal siguen sujetas al sistema de la LCQ. Del mismo modo, la
continuidad de una ejecución con garantía real no elimina la carga de verificar crédito y privilegio antes de la realización.
La prohibición de cautelares en ciertos procesos evita que la continuidad del juicio individual se transforme en una ejecución
singular encubierta. La norma debe ser leída junto con los arts. 32, 56, 132 y 209, distinguiendo jurisdicción para conocer,
poder de ejecutar y carga de concurrir.
Lectura conjunta: Arts. 14 a 25; verificación del art. 32 y efectos del acuerdo de los arts. 55 y 56. La consecuencia del artículo debe aplicarse únicamente una vez verificados sus presupuestos y sin extender por analogía efectos excepcionales. La norma cumple una función coordinada: su efecto práctico depende tanto de la etapa del proceso como de la calidad del sujeto, del crédito o del bien involucrado.
Continuación del juicio ≠ derecho a ejecutar individualmente; sentencia extraconcursal ≠ cobro fuera del concurso.
Preguntas para profundizar
¿Qué establece esta norma?
¿Qué debe cuidarse al aplicarla?
¿Un proceso concursal o una quiebra en curso?
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