Ejecuciones por remate no judicial (art. 23 LCQ)
Regula ejecuciones por remate no judicial y fija su función dentro de la etapa concursal en la que se inserta.
Qué regula el artículo 23
El artículo regula ejecuciones por remate no judicial dentro del bloque que ordena los efectos de la apertura sobre la administración, el patrimonio, los contratos y los litigios. Su lectura debe completarse con las remisiones expresas de la LCQ y con el momento procesal en que opera.
Ejecuciones por remate no judicial. Los acreedores titulares de créditos con garantía real que tengan derecho a ejecutar mediante remate no judicial bienes de la concursada o, en su caso, de los socios con responsabilidad ilimitada, deben rendir cuentas en el concurso acompañando los títulos de sus créditos y los comprobantes respectivos, dentro de los VEINTE (20) días de haberse realizado el remate. El acreedor pierde a favor del concurso, el UNO POR CIENTO (1%) del monto de su crédito, por cada día de retardo, si ha mediado intimación judicial anterior. El remanente debe ser depositado, una vez cubiertos los créditos, en el plazo que el juez fije.
Si hubiera comenzado la publicación de los edictos que determina el artículo 27, antes de la publicación de los avisos del remate no judicial, el acreedor debe presentarse al juez del concurso comunicando la fecha, lugar, día y hora fijados para el remate, y el bien a rematar, acompañando, además, el título de su crédito. La omisión de esta comunicación previa vicia de nulidad al remate.
La rendición de cuentas debe sustanciarse por incidentes con intervención del concursado y del síndico.
Fuente: Ley 24.522, art. 23 — Texto actualizado (Argentina.gob.ar)
Comentario
En términos funcionales, el art. 23 debe ser interpretado como una pieza del bloque que ordena los efectos de la apertura sobre
la administración, el patrimonio, los contratos y los litigios. Su objeto inmediato -ejecuciones por remate no judicial- no se
agota en la técnica procesal utilizada: expresa el principio de conservación de empresa viable, igualdad concursal y tutela de la
masa. Por ello, la aplicación aislada del precepto suele ser insuficiente; corresponde leerlo con las disposiciones anteriores y
posteriores que determinan presupuesto, procedimiento, efectos y remedios.
El alcance correcto exige separar tres planos. Primero, el presupuesto de hecho que activa la norma; segundo, la consecuencia
concursal específica que produce; y tercero, la posición de quienes no participaron directamente en el acto o trámite. Esta
separación evita trasladar automáticamente categorías del derecho común a un proceso colectivo. En particular, debe atenderse
a compatibilizar la continuidad de la gestión con restricciones suficientes para impedir alteraciones selectivas del pasivo. La
especialidad concursal justifica soluciones distintas de las ordinarias, pero no elimina legalidad, contradicción ni
proporcionalidad.
En la práctica, la cuestión decisiva es identificar qué cambia jurídicamente después de la aplicación del artículo: puede variar
la administración del patrimonio, la vía de cobro, la legitimación, la graduación, el cómputo de mayorías, la estabilidad de una
decisión o la posibilidad de realizar un activo. La consecuencia debe mantenerse dentro del perímetro textual de la norma. En
institutos excepcionales -privilegios, ineficacias, extensión, restricciones personales o sanciones- no corresponde ampliar
presupuestos por analogía.
Lectura conjunta: Arts. 14 a 25; verificación del art. 32 y efectos del acuerdo de los arts. 55 y 56. La consecuencia del artículo debe aplicarse únicamente una vez verificados sus presupuestos y sin extender por analogía efectos excepcionales. La norma cumple una función coordinada: su efecto práctico depende tanto de la etapa del proceso como de la calidad del sujeto, del crédito o del bien involucrado.
Restricción de administración ≠ desapoderamiento de la quiebra.
Preguntas para profundizar
¿Qué establece esta norma?
¿Qué debe cuidarse al aplicarla?
¿Un proceso concursal o una quiebra en curso?
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