Cómputo en caso de acuerdo preventivo (art. 266 LCQ)
Regula cómputo en caso de acuerdo preventivo y fija su función dentro de la etapa concursal en la que se inserta.
Qué regula el artículo 266
Establece pautas porcentuales y topes para honorarios en concurso preventivo homologado.
Cómputo en caso de aciertos. En caso de acuerdo preventivo, los honorarios totales de los funcionarios y de los letrados del síndico y del deudor son regulados sobre el monto del activo prudencialmente estimado por el juez o tribunal, en proporción no inferior al UNO POR CIENTO (1%) ni superior al CUATRO POR CIENTO (4%), teniendo en cuenta los trabajos realizados y el tiempo de desempeño.
Las regulaciones no pueden exceder el CUATRO POR CIENTO (4%) del pasivo verificado ni ser inferiores a DOS (2) sueldos del secretario de primera instancia de la jurisdicción donde tramita el concurso.
Para el caso que el monto del activo prudencialmente estimado supere la suma de cien millones de pesos ($ 100.000.000), los honorarios previstos en este artículo no podrán exceder el 1% del activo estimado. (Último párrafo incorporado por art. 14 de la Ley N° 25.563 B.O. 15/2/2002. Vigencia: a partir de su promulgación.)
Fuente: Ley 24.522, art. 266 — Texto actualizado (Argentina.gob.ar)
Comentario
En la arquitectura de la LCQ, el art. 266 debe ser interpretado como una pieza del bloque que disciplina oportunidad, base y
límites de la retribución profesional. Su objeto inmediato -cómputo en caso de acuerdo preventivo- no se agota en la técnica
procesal utilizada: expresa el principio de proporcionalidad entre tarea, resultado, activo y costo del proceso. Por ello, la
aplicación aislada del precepto suele ser insuficiente; corresponde leerlo con las disposiciones anteriores y posteriores que
determinan presupuesto, procedimiento, efectos y remedios.
El alcance correcto exige separar tres planos. Primero, el presupuesto de hecho que activa la norma; segundo, la consecuencia
concursal específica que produce; y tercero, la posición de quienes no participaron directamente en el acto o trámite. Esta
separación evita trasladar automáticamente categorías del derecho común a un proceso colectivo. En particular, debe atenderse
a evitar que la aplicación mecánica de porcentajes absorba valor concursal o desconozca labores de excepcional complejidad.
La especialidad concursal justifica soluciones distintas de las ordinarias, pero no elimina legalidad, contradicción ni
proporcionalidad.
En la práctica, la cuestión decisiva es identificar qué cambia jurídicamente después de la aplicación del artículo: puede variar
la administración del patrimonio, la vía de cobro, la legitimación, la graduación, el cómputo de mayorías, la estabilidad de una
decisión o la posibilidad de realizar un activo. La consecuencia debe mantenerse dentro del perímetro textual de la norma. En
institutos excepcionales -privilegios, ineficacias, extensión, restricciones personales o sanciones- no corresponde ampliar
presupuestos por analogía.
Lectura conjunta: Arts. 265 a 272 y oportunidades específicas en la LCQ. La consecuencia del artículo debe aplicarse únicamente una vez verificados sus presupuestos y sin extender por analogía efectos excepcionales. La norma cumple una función coordinada: su efecto práctico depende tanto de la etapa del proceso como de la calidad del sujeto, del crédito o del bien involucrado.
Porcentaje legal ≠ aplicación mecánica ajena a proporcionalidad.
Preguntas para profundizar
¿Qué establece esta norma?
¿Qué debe cuidarse al aplicarla?
¿Un proceso concursal o una quiebra en curso?
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