Enajenadores (art. 261 LCQ)
Regula enajenadores y fija su función dentro de la etapa concursal en la que se inserta.
Qué regula el artículo 261
El artículo regula enajenadores dentro del bloque que regula designación, funciones, independencia y control de los órganos concursales. Su lectura debe completarse con las remisiones expresas de la LCQ y con el momento procesal en que opera.
Enajenadores. La tarea de enajenación de los activos de la quiebra puede recaer en martilleros, bancos comerciales o de inversión, intermediarios profesionales en la enajenación de empresas, o cualquier otro experto o entidad especializada.
El martillero es designado por el juez, debe tener casa abierta al público y SEIS (6) años de antigüedad en la matrícula. Cobra comisión solamente del comprador y puede realizar los gastos impuestos por esta ley, los que sean de costumbre y los demás expresamente autorizados por el juez antes de la enajenación.
Cuando la tarea de enajenación de los activos de la quiebra recaiga en bancos, intermediarios profesionales en la enajenación de empresas, o cualquier otro experto o entidad especializada, su retribución se rige por lo establecido en el párrafo anterior.
Fuente: Ley 24.522, art. 261 — Texto actualizado (Argentina.gob.ar)
Comentario
En la arquitectura de la LCQ, el art. 261 debe ser interpretado como una pieza del bloque que regula designación, funciones,
independencia y control de los órganos concursales. Su objeto inmediato -enajenadores- no se agota en la técnica procesal
utilizada: expresa el principio de profesionalidad, indelegabilidad y responsabilidad funcional. Por ello, la aplicación aislada
del precepto suele ser insuficiente; corresponde leerlo con las disposiciones anteriores y posteriores que determinan
presupuesto, procedimiento, efectos y remedios.
El alcance correcto exige separar tres planos. Primero, el presupuesto de hecho que activa la norma; segundo, la consecuencia
concursal específica que produce; y tercero, la posición de quienes no participaron directamente en el acto o trámite. Esta
separación evita trasladar automáticamente categorías del derecho común a un proceso colectivo. En particular, debe atenderse
a asegurar capacidad técnica e independencia sin incrementar innecesariamente los costos de administración del proceso. La
especialidad concursal justifica soluciones distintas de las ordinarias, pero no elimina legalidad, contradicción ni
proporcionalidad.
En la práctica, la cuestión decisiva es identificar qué cambia jurídicamente después de la aplicación del artículo: puede variar
la administración del patrimonio, la vía de cobro, la legitimación, la graduación, el cómputo de mayorías, la estabilidad de una
decisión o la posibilidad de realizar un activo. La consecuencia debe mantenerse dentro del perímetro textual de la norma. En
institutos excepcionales -privilegios, ineficacias, extensión, restricciones personales o sanciones- no corresponde ampliar
presupuestos por analogía.
Lectura conjunta: Arts. 251 a 264; deberes del síndico art. 275. La consecuencia del artículo debe aplicarse únicamente una vez verificados sus presupuestos y sin extender por analogía efectos excepcionales. La norma cumple una función coordinada: su efecto práctico depende tanto de la etapa del proceso como de la calidad del sujeto, del crédito o del bien involucrado.
Función concursal ≠ representación de un interés individual.
Preguntas para profundizar
¿Qué establece esta norma?
¿Qué debe cuidarse al aplicarla?
¿Un proceso concursal o una quiebra en curso?
El estudio tiene su sede central en Buenos Aires (Argentina) y brinda asesoramiento a clientes de todo el mundo.
Consultar al estudio