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Ley 24.522 · Artículo 261 — Enajenadores

Enajenadores (art. 261 LCQ)

Regula enajenadores y fija su función dentro de la etapa concursal en la que se inserta.

Fuente: Ley 24.522

Qué regula el artículo 261

El artículo regula enajenadores dentro del bloque que regula designación, funciones, independencia y control de los órganos concursales. Su lectura debe completarse con las remisiones expresas de la LCQ y con el momento procesal en que opera.

Texto oficial · Ley 24.522, art. 261

Enajenadores. La tarea de enajenación de los activos de la quiebra puede recaer en martilleros, bancos comerciales o de inversión, intermediarios profesionales en la enajenación de empresas, o cualquier otro experto o entidad especializada.

El martillero es designado por el juez, debe tener casa abierta al público y SEIS (6) años de antigüedad en la matrícula. Cobra comisión solamente del comprador y puede realizar los gastos impuestos por esta ley, los que sean de costumbre y los demás expresamente autorizados por el juez antes de la enajenación.

Cuando la tarea de enajenación de los activos de la quiebra recaiga en bancos, intermediarios profesionales en la enajenación de empresas, o cualquier otro experto o entidad especializada, su retribución se rige por lo establecido en el párrafo anterior.

Fuente: Ley 24.522, art. 261 — Texto actualizado (Argentina.gob.ar)

Comentario

En la arquitectura de la LCQ, el art. 261 debe ser interpretado como una pieza del bloque que regula designación, funciones,

independencia y control de los órganos concursales. Su objeto inmediato -enajenadores- no se agota en la técnica procesal

utilizada: expresa el principio de profesionalidad, indelegabilidad y responsabilidad funcional. Por ello, la aplicación aislada

del precepto suele ser insuficiente; corresponde leerlo con las disposiciones anteriores y posteriores que determinan

presupuesto, procedimiento, efectos y remedios.

El alcance correcto exige separar tres planos. Primero, el presupuesto de hecho que activa la norma; segundo, la consecuencia

concursal específica que produce; y tercero, la posición de quienes no participaron directamente en el acto o trámite. Esta

separación evita trasladar automáticamente categorías del derecho común a un proceso colectivo. En particular, debe atenderse

a asegurar capacidad técnica e independencia sin incrementar innecesariamente los costos de administración del proceso. La

especialidad concursal justifica soluciones distintas de las ordinarias, pero no elimina legalidad, contradicción ni

proporcionalidad.

En la práctica, la cuestión decisiva es identificar qué cambia jurídicamente después de la aplicación del artículo: puede variar

la administración del patrimonio, la vía de cobro, la legitimación, la graduación, el cómputo de mayorías, la estabilidad de una

decisión o la posibilidad de realizar un activo. La consecuencia debe mantenerse dentro del perímetro textual de la norma. En

institutos excepcionales -privilegios, ineficacias, extensión, restricciones personales o sanciones- no corresponde ampliar

presupuestos por analogía.

Lectura conjunta: Arts. 251 a 264; deberes del síndico art. 275. La consecuencia del artículo debe aplicarse únicamente una vez verificados sus presupuestos y sin extender por analogía efectos excepcionales. La norma cumple una función coordinada: su efecto práctico depende tanto de la etapa del proceso como de la calidad del sujeto, del crédito o del bien involucrado.

Distinción clave

Función concursal ≠ representación de un interés individual.

Preguntas para profundizar

¿Qué establece esta norma?
Establece la regla concursal aplicable a enajenadores.
¿Qué debe cuidarse al aplicarla?
Debe ceñirse al supuesto específico de enajenadores, sin trasladar automáticamente efectos de otros institutos concursales.
Esta página es de carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico ni reemplaza una consulta profesional. Cita el texto oficial de la norma; para su aplicación a un caso concreto, consulte a un profesional matriculado.

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