Evaluadores (art. 262 LCQ)
Regula evaluadores y fija su función dentro de la etapa concursal en la que se inserta.
Qué regula el artículo 262
Regula evaluadores especializados para la valuación del capital en el procedimiento del art. 48.
Evaluadores. La valuación de las acciones o cuotas representativas del capital en el caso del artículo 48, estará a cargo de bancos de inversión, entidades financieras autorizadas por el Banco Central de la República Argentina, o estudios de auditoría con más de diez (10) años de antigüedad.
Cada cuatro (4) años la Cámara de Apelaciones formará una lista de evaluadores.
De la mencionada lista, el comité de control propondrá una terna de evaluadores, sobre la cual elegirá el juez.
Si no existiese tal lista por falta de inscriptos, el comité de control sugerirá al juez, dos o más evaluadores, que reúnan similares requisitos a los establecidos en el párrafo primero de este artículo, correspondiendo al juez efectuar la designación sobre dicha propuesta.
La remuneración del evaluador la fijará el juez en la misma oportunidad en que regule los honorarios de los demás funcionarios y abogados, y se hará sobre la base del trabajo efectivamente realizado, sin consideración del monto de la valuación.
(Artículo sustituido por art. 32 de la Ley Nº 26.684 B.O. 30/06/2011)
Fuente: Ley 24.522, art. 262 — Texto actualizado (Argentina.gob.ar)
Comentario
Dogmáticamente, el art. 262 debe ser interpretado como una pieza del bloque que regula designación, funciones,
independencia y control de los órganos concursales. Su objeto inmediato -evaluadores- no se agota en la técnica procesal
utilizada: expresa el principio de profesionalidad, indelegabilidad y responsabilidad funcional. Por ello, la aplicación aislada
del precepto suele ser insuficiente; corresponde leerlo con las disposiciones anteriores y posteriores que determinan
presupuesto, procedimiento, efectos y remedios.
El alcance correcto exige separar tres planos. Primero, el presupuesto de hecho que activa la norma; segundo, la consecuencia
concursal específica que produce; y tercero, la posición de quienes no participaron directamente en el acto o trámite. Esta
separación evita trasladar automáticamente categorías del derecho común a un proceso colectivo. En particular, debe atenderse
a asegurar capacidad técnica e independencia sin incrementar innecesariamente los costos de administración del proceso. La
especialidad concursal justifica soluciones distintas de las ordinarias, pero no elimina legalidad, contradicción ni
proporcionalidad.
En la práctica, la cuestión decisiva es identificar qué cambia jurídicamente después de la aplicación del artículo: puede variar
la administración del patrimonio, la vía de cobro, la legitimación, la graduación, el cómputo de mayorías, la estabilidad de una
decisión o la posibilidad de realizar un activo. La consecuencia debe mantenerse dentro del perímetro textual de la norma. En
institutos excepcionales -privilegios, ineficacias, extensión, restricciones personales o sanciones- no corresponde ampliar
presupuestos por analogía.
Lectura conjunta: Arts. 251 a 264; deberes del síndico art. 275. La consecuencia del artículo debe aplicarse únicamente una vez verificados sus presupuestos y sin extender por analogía efectos excepcionales. La norma cumple una función coordinada: su efecto práctico depende tanto de la etapa del proceso como de la calidad del sujeto, del crédito o del bien involucrado.
Función concursal ≠ representación de un interés individual.
Preguntas para profundizar
¿Qué establece esta norma?
¿Qué debe cuidarse al aplicarla?
¿Un proceso concursal o una quiebra en curso?
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